Editorial: A no repetir la historia

Enviado por prensa el Lun, 11/21/2016 - 11:13

Crímenes de EstadoDe nuevo, el fantasma de los ataques contra líderes sociales y políticos asusta en varias regiones. Cauca, Meta, Caquetá y, en menor medida, Nariño reportan la mayoría de estas repudiables acciones, que van desde los asesinatos hasta las amenazas y las campañas de estigmatización.

Se trata de zonas particularmente sensibles porque de ellas empezaron a salir, hace un par de meses, los frentes de las Farc que se preparan para su desmovilización definitiva. El país no puede permitirse repetir la tragedia de mediados de los 80, cuando comenzó el plan de exterminio contra la Unión Patriota –partido político que surgió de la negociación de paz entre el gobierno Betancur y las Farc–, que fue preámbulo de las tres décadas más violentas de tiempos recientes en Colombia.

La historia de los ‘halcones’ que rondan las negociaciones que buscan ponerle fin a una guerra –los famosos ‘enemigos agazapados de la paz’ de los que hablara Otto Morales– está escrita con sangre en la memoria del país. Los asesinatos del jefe del M-19 Carlos Pizarro y del candidato de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo, por no mencionar otros casos, les recuerdan a los colombianos hasta dónde pueden llegar esas fuerzas.

Hoy, sin embargo, tenemos una Colombia diferente a la de entonces. Por un lado, hay un Estado mucho más fuerte y transparente, con los recursos y, sobre todo, la voluntad suficientes para encontrar, judicializar y castigar a los que le siguen apostando a la guerra sucia. Por el otro, por primera vez la guerrilla de las Farc se ve jugada por la paz, sin las cartas marcadas ni los aprovechamientos estratégicos de otros intentos –por supuesto, fallidos– de negociación.

Pero hay hechos inquietantes. Organizaciones de víctimas y las mismas autoridades reportan casi dos decenas de crímenes de líderes sociales en los últimos meses, frente a los que la justicia está en mora de entregar resultados concretos. Las últimas noticias vienen de San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde fue asesinado el dirigente agrario Erley Monroy y herido, cuando salía del sepelio del primero, el también líder Víctor Hugo Cuéllar.

Los sectores golpeados hablan de un ataque sistemático de ‘paramilitares’, como denominan a las nuevas bandas criminales; algunas autoridades, de actos atribuidos a la delincuencia común. Y hay varios señalamientos contra el Eln, que, especialmente en el Cauca, estaría adelantando una campaña de intimidación para tomarse bases sociales de municipios estratégicos para la guerra, el narcotráfico y la minería ilegal.

Por todo esto, y para proteger un proceso de paz que el país mira con esperanza, lo que procede es que el Estado se aplique, en pleno, a desenmascarar a los responsables de estos hechos violentos, vengan de donde vengan.

La Fiscalía, que ya puso a andar la nueva unidad dedicada a combatir a las bandas criminales y a prevenir y esclarecer los crímenes de defensores de derechos humanos, tiene en este asunto una misión clave. Es esta una responsabilidad nacional que exige de todas las instituciones y de todos los colombianos acciones precisas para lograr, cuanto antes, materializar aquel ideal de que nadie será perseguido por razones de credo o de filiación política en Colombia.

Fuente: El Tiempo

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