"En la UP somos víctimas de la discriminación no del conflicto", Aída Avella

Enviado por prensa el Lun, 10/20/2014 - 15:57

Octubre 20, 2014

Aída Abella “Volví al país porque hay señales muy positivas.”

Tomado de Ola Política.

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Aída Avella recuerda con claridad el fogonazo del rocket que una mañana del año 1996 paso sobre su cabeza, luego los disparos que impactaron el vehículo blindado donde se desplazaba por la Autopista norte de Bogotá. Tras salir viva de aquel atentado y vivir por años en el exilio, considera que es una privilegiada de la vida, y por ello hoy continúa en su lucha por la paz y por un país mejor. Avella volvió al país porque lo encontró distinto razón por la cual participó con valentía en la reciente campaña presidencial en una fórmula femenina que le dio un toque diferencial de género como fórmula vicepresidencial de Clara López.

Actualmente trabaja arduamente en una demanda de la UP por el genocidio de la Unión Patriótica que cursa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para tomarle el pulso sobre la paz, Ola Política dialogó con ella. Ola Política. La dirección de la UP confirió poder a la Corporación Reiniciar, para pedir a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el genocidio de la UP. ¿Cómo va el proceso? Aída Avella. Después de 20 años de iniciado el trámite de arreglo amistoso en el gobierno de Andrés Pastrana, este se rompió en el gobierno de Álvaro Uribe, debido a las ofensas y la propaganda calumniosa y ofensiva que no permitió ningún arreglo con ese gobierno. Ahora continúa e hicimos una documentación grande porque se trata de más de 6562 casos entre ejecuciones, desapariciones forzadas, atentados, amenazas, torturas y encarcelamientos. Todo esto confluye en el genocidio político de la Unión Patriótica en los últimos 20 años.

OP. ¿Cuándo fue admitida la demanda?

AA. La presentamos en 1993 y en 1997 la Comisión Interamericana la admite y su trámite continúa. Este es el caso más emblemático en ese organismo que defiende los Derechos Humanos. Nunca antes se había presentado una demanda por genocidio político, ni siquiera en las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile ni Uruguay. Jamás se había presentado algo parecido en América Latina. Es el caso más documentado en la Comisión y efectivamente varios de los gobiernos colombianos han tenido que desplazar comisiones permanentemente a Washington para atender el caso.

OP. ¿Cuales han sido los obstáculos?

AA. Esto ha tenido muchos tropiezos, como en el gobierno de Uribe cuando le quitaron la visa a Jael Quiroga quien lleva la vocería del grupo de abogados, sin embargo el caso continuó y en este momento están todos los alegatos de fondo, prácticamente la última etapa para que la Comisión tome una decisión sobre el caso o lo pase a la Corte Interamericana, o falle.

OP. ¿Qué buscan con el proceso?

AA. El reconocimiento internacional del genocidio político por parte del Estado Colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos pide que haya una solución amistosa, y para ello nosotros le estamos exigiendo como organización afectada al gobierno, que acepte la responsabilidad internacional en el genocidio cometido contra la Unión Patriótica, que admita que el Estado fue culpable de ese genocidio político, y una vez que esto suceda, nos podemos sentar con el gobierno a hacer el arreglo amistoso, pero antes no.

OP. ¿Qué se pide dentro de un posible arreglo amistoso?

AA. Nosotros buscamos la verdad, la justicia y la reparación integral. Primero necesitamos la verdad, porque queremos saber quienes estuvieron detrás de la muerte de los sindicalistas, de los dirigentes políticos, de los defensores de derechos humanos, de los simpatizantes y congresistas de la Unión Patriótica, ello es algo que tiene que quedar claro, saber quiénes fueron; tenemos algunas cosas claras en algunos de los fallos que se han proferido en la justicia nacional e internacional, pero además el genocidio está reconocido en varios casos, por ejemplo en el último de alias “HH”, paramilitar confeso, que salió hace poco del tribunal de Bogotá y en el juicio, el magistrado ponente hace un recuento histórico de lo que significó la Unión Patriótica y ahí está incluido que hubo genocidio por razones de carácter político.

OP. ¿Considera que tácitamente está reconocido el genocidio?

AA. Debido a esos hechos denunciados, se aprobó la Ley del Genocidio en la que se reconoce el genocidio político y hay fallos de la justicia, en que las condenas relatan asesinatos a muchos dirigentes y simpatizantes de la UP, por consiguiente está reconocido el genocidio político.

OP. Se conocen autores intelectuales de estos casos.

AA. Claro, en muchas partes del país. La “Operación retorno” era el operativo por el cual nos mataban a la gente donde nosotros habíamos obtenido los votos para nuevamente llevar a los señores que se creían desplazados por los votos de la oposición política. Un caso clásico ya condenado es el de la “Masacre de Segovia”, donde se condenó a César Pérez García, quien era el político de la zona, porque planeó con paramilitares esos hechos, y ello también se conoce porque alias el “Negro Vladimir”, uno de los paramilitares que dirigió la entrada del comando a Segovia, dijo después que César Pérez García había hostigado la matanza. Allí hubo 43 muertos y 38 heridos, el 11 de noviembre de 1988. También la Corte Interamericana condenó al Estado por la muerte de Manuel Cepeda Vargas porque no fue un comando paramilitar, sino un grupo de militares los que los asesinan y en la condena están incluso los nombres.

OP. Pero usted reconoce que el país vive otros tiempos.

AA. Si, ahora hay otro ambiente, hemos tratado el tema del proceso en dos entrevistas con el Presidente Juan Manuel Santos, pero a su vez con el ministro Aurelio Iragorri y con funcionarios del Ministerio del Interior, sabemos que el ministro Cristo anda muy ocupado en el tema del Equilibrio de Poderes, pero se viene hablando con gente muy cercana a él, también con Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

OP. ¿Podrían encontrar una salida negociada?

AA. Para nuestro caso la misma Ley de Víctimas ni siquiera nos incluye ni por tiempo ni por la clasificación. Aspiramos a que nos reconozcan no como víctimas del conflicto, sino como víctimas de la discriminación política en este país.

OP. ¿La corte puede condenar al Estado?

AA. Las escazas condenas que se han presentado a escala nacional e internacional, confluyen que hay tres motivos para condenar el Estado, uno por omisión porque no hicieron nada para defendernos, absolutamente nada; dos, por la colaboración, es decir, porque les dieron armas e hicieron toda la inteligencia para que los violentos pudieran asesinar a la gente y tres por acción directa, como en los casos de Manuel Cepeda y Wilson Borja, a este último un comando de militares lo intentó asesinar.

OP. ¿Vuelve al país a recobrar la memoria o a buscar justicia?

AA. Volvemos porque hay señales positivas. Las cosas han cambiado. Nos devolvieron la personería jurídica que nos habían quitado en el año 2002, es decir, después de cometer el genocidio, porque no teníamos congresistas y no teníamos porque el candidato que poníamos lo mataban.

OP. ¿Qué lectura hace hoy del proceso de paz en La Habana?

AA. Lo veo positivo. Hay que procurar que nadie en Colombia sufra la muerte violenta de sus familiares ni de sus seres queridos. Aspiramos a contribuir a la reconciliación, por ello estamos contribuyendo a la reconstrucción del país con el Frente Amplio por la Paz y la Democracia. Pero la verdadera democracia no es simplemente elegir, ello es un formalismo, esta implica brindar mejores condiciones reales de vida. ¿Cuándo se ha visto que un campesino, o un vendedor ambulante alcancen una pensión en Colombia? a eso hay que apuntarle. Definitivamente la barbarie que se ha empotrado en el país no tiene ninguna justificación. 

 

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