Informe del Caso de la Unión Patriótica

Enviado por prensa el Jue, 04/03/2014 - 15:24

Abril 3, 2014

 Informe del Caso de la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Memoria de la Búsqueda de la Reparación Integral.

informe

Presentado por la Corporación Reiniciar al V Congreso Nacional de la Unión Patriótica (UP). Noviembre de 2013. Se van a completar 20 años desde el día en que la Corporación Reiniciar en virtud del mandato otorgado por la Dirección de la UP, radicó una demanda ante un organismo internacional de protección de derechos humanos, la Comisión Interamericana (CIDH), por el Genocidio contra la Unión Patriótica. En efecto, el 16 de diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar radicó una petición a la que anexó un listado de 1.163 asesinados, 123 desaparecidos forzados, 43 sobrevivientes de atentados y 225 amenazados, correspondiente al período enero de 1985 – diciembre de 1993. Por eso hoy, ante el V Congreso de la UP, como peticionarios del caso, consideramos que es necesario hacer memoria de lo que ha ocurrido durante estos veinte años de búsqueda de la justicia y reparación integral para las víctimas y sobrevivientes de la UP y sus familiares. Toma de la decisión de acudir a un organismo internacional La decisión de buscar justicia ante un organismo internacional para el caso de la UP, surge del compromiso ético con la defensa de los derechos humanos y la dignificación de las víctimas, así como del convencimiento de la validez del proyecto político de la UP.

La remembranza de tal decisión nos sitúa en Barrancabermeja, al lado de líderes como Leonardo Posada y Orlando Higuita, así como de decenas de hombres y mujeres del campo y de las barriadas que con su ejemplo nos animaron a abrazar la causa de la UP. La directora de la Corporación Reiniciar, asumiendo sus deberes como responsable nacional de derechos humanos de la Junta Patriótica Nacional y Aída Abella, presidenta nacional de la UP, se propusieron en 1993 llevar el caso de genocidio a la CIDH ante la infame impunidad en el que se encontraban las múltiples violaciones de derechos humanos cometidos contra la militancia y la indefensión de los familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes.

Desde entonces, y durante estos 20 años, la Junta Directiva de la UP, bajo el liderazgo de Aída y constituida entonces por Manuel Cepeda, Hernán Motta, Omer Calderón, entre otros, ha acompañado el trámite del caso ante la CIDH. Ese acompañamiento se ha extendido a quienes han sucedido en la Presidencia, Antonio Puentes y Mario Upegui, así como los integrantes de la Junta Nacional. Trámite del caso ante la CIDH Admisibilidad (1993 – 1997) El 16 de diciembre de 1993, en nombre de la Corporación Reiniciar y con el poder otorgado por Aída Abella, presidenta nacional de la UP, radicamos en la CIDH la petición por el genocidio contra la UP. Meses después, en 1994, la Directora de Reiniciar y Aida Abella se vieron obligadas a desplazarse por razones de seguridad, fuera del país por unos largos meses. A partir de este hecho la Comisión Colombiana de Juristas, empezó a apoyar la reclamación del caso ante la CIDH conjuntamente con la Corporación Reiniciar. Tras varias audiencias y luego de múltiples oposiciones del Estado a que se aceptara la petición del caso del genocidio de la UP, la CIDH emitió su primer pronunciamiento declarando admisible el caso en las condiciones presentadas, salvo la denominación de genocidio (Informe No, 5 del 12 de marzo de 1997). Sobre el particular destacamos lo afirmado por la CIDH en el mencionado informe de admisibilidad: 25. Los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno del genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente. Sin embargo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los hechos alegados por los peticionarios no caracterizan, como cuestión de derecho, que este caso se ajuste a la definición jurídica actual del delito de genocidio consignado en el derecho internacional.

Por lo tanto, en el análisis de los méritos del caso, la Comisión no incluirá la alegación de genocidio. 26. No obstante, los peticionarios han presentado argumentos que procuran establecer una práctica de asesinatos políticos en masa y la persecución extrema de los miembros de la Unión Patriótica con la intención de eliminar físicamente al partido y de diluir su fuerza política (…). 38. Por lo tanto, la Comisión debe determinar si se ha establecido una pauta y práctica de persecución de los miembros de la Unión Patriótica con la participación o al menos con la tolerancia del Estado colombiano, a la cual estarían vinculadas las víctimas (…) Por lo tanto, la petición es admisible de conformidad con el artículo 47(b) de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos], con fundamento en que los peticionarios han expuesto hechos que caractericen una violación múltiple de la Convención. Búsqueda de una solución amistosa (1999 – 2006) En 1999, a instancias de la CIDH y conforme a lo previsto en el procedimiento, luego de una audiencia ante la Comisión, las partes (peticionarias y Estado) acordamos constituir una Comisión Mixta, con el objeto de: “definir una metodología de trabajo para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso en mención, y por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y por el reconocimiento de una reparación integral”. El 24 de marzo de 2000, una vez definida la metodología de trabajo, la cual fue presentada a la CIDH en informes conjuntos donde se reconocía, entre otros aspectos la necesidad de definir quiénes y cuántas eran las víctimas de la UP, las Partes suscribimos, ante la CIDH, un “Acuerdo (…) para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el Caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y por el reconocimiento de una reparación integral” Para implementar el Acuerdo mencionado, se constituyó un Grupo de Trabajo con la participación de las diversas autoridades del Estado responsables de dar respuesta a los derechos a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, así como representantes de la dirección de la UP y del Partido Comunista.

Sin embargo, la instalación formal y solemne del Grupo de Trabajo, solo se logró llevar a cabo, casi un año después, esto es, en septiembre de 2001, puesto que hasta entonces se cumplió con el condicionamiento de crear un Programa gubernamental de proteccion para los sobrevivientes, exigido por la Corporación Reiniciar para seguir avanzando en la búsqueda de una solución amistosa. En efecto, en septiembre de 2001 entró en funcionamiento el “Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, constituido mediante el Decreto 978 del 1 de junio de 2000. En junio de 2006 las organizaciones peticionarias, previa consulta a la UP, al partido Comunista Colombiano y a la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, comunicaron a la CIDH la decisión de dar por terminada la etapa de búsqueda de una solución amistosa, debido al permanente y grave incumplimiento por parte del Gobierno colombiano, al considerar que: 1) Continuaron las violaciones y amenazas, reportándose durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 136 homicidios contra los sobrevivientes de la Unión Patriótica, 38 casos de desaparición forzada, 28 intentos de homicidio, montajes judiciales y desplazamientos forzados. 2) El Gobierno alentó la persecución y estigmatización contra la UP y el PCC, particularmente durante la campaña reeleccionista cuando divulgó por diversos medios de comunicación una cuña que lanzaba falsas acusaciones contra la UP. 3) El permanente incumplimiento del Gobierno impidió avanzar en los fines de la solución amistosa, evidenciándose una falta de disposición política en la reiterada negativa de implementar medidas para identificar a las víctimas y documentar los casos en todo el país, la falta de recursos para constituir un grupo de fiscales e investigadores dedicados de manera exclusiva al esclarecimiento del genocidio, la falta de resultados y la carencia de una metodología adecuada para investigar los crímenes contra la UP, así como la negativa al restablecimiento de la personería jurídica de la UP. 4) Los objetivos asumidos en el acuerdo para la búsqueda de una solución amistosa fueron así mismo truncados por la excesiva morosidad a la hora de destinar y ejecutar los recursos, pese a la insistente solicitud del Procurador General de la Nación para que fuera asignado un rubro fijo del presupuesto nacional para el caso UP.

Aquí vale recordar que el gobierno nacional sólo destinó recursos para el funcionamiento temporal de una oficina en Bogotá para la documentación de casos de la región Bogotá-Cundinamarca. Resultados de los siete (7) años de búsqueda de una solución amistosa No obstante el incumplimiento estatal, la etapa de búsqueda de una solución amistosa al caso de la UP propició importantes resultados en materia de justicia, protección y organización de las víctimas: En materia de justicia Los peticionarios obtuvimos información importante e imposible de obtener por fuera del espacio de interlocución, sobre las investigaciones emprendidas por el Estado y asimismo evidenciar qué no se había hecho y qué se había realizado inadecuadamente. Obtener la constitución de subunidades de la Fiscalía General de la Nación (26 en todo el país), destinadas a ubicar las investigaciones (activas o archivadas) relacionadas con el caso de la UP. Este mecanismo fue una fuente fundamental para conocer qué se encontraba en trámite ante el Estado. La constitución en la Procuraduría General de la Nación de una Comisión Especial para ubicar y concentrar las investigaciones relacionadas con casos de la UP Esta estrategia nos permitió también evidenciar cuántas investigaciones se encontraban en esta institución. Asimismo, conocer argumentos de funcionarios investigadores que reconocían la deliberada persecución en contra de quienes hacían parte de la UP Construir conjuntamente con el Estado, informes donde se reconocía la impunidad en que se encontraban los casos, las falencias en la información sobre las investigaciones, las dificultades que tenían las víctimas para acceder a la justicia, entre ellos, la falta de garantías de seguridad. La falta de información sobre todas las víctimas de la UP dado el contexto de persecución e intimidación. En el marco de la búsqueda de una solución amistosa, la Corporación Reiniciar, siguiendo lo que se había reconocido en el informe de admisibilidad sobre el patrón de ineficacia de las investigaciones, propuso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación implementar una estrategia de investigación concentrada y contextualizada para el caso de la UP.

Estos antecedentes encuentran plena correspondencia con la estrategia que ahora está implementando la Fiscalía General de la Nación, referida a desarrollar investigaciones relacionando casos y analizándolos dentro del contexto en que han tenido lugar a fin de procurar su esclarecimiento. En efecto, la Resolución 0-1810 de 2012 del Fiscal General de la Nación mediante la cual se crea la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, indica que ella tiene el fin de: [E]nfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada, mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de contextos, con el objetivo de articular la información aislada que actualmente se encuentra en las diversas unidades de la Fiscalía. En concreto, respecto al caso de la UP, mediante acta del 15 de octubre de 2012, la Fiscalía General de la Nación, en la primera reunión del Comité de Priorización de Situaciones y Casos, incluyó el caso de la UP. En comunicación recibida por la Corporación Reiniciar, en respuesta a derecho de petición elevado a la Fiscalía General de la Nación, el 28 de agosto de 2013, nos informaron que la Unidad de Análisis y Contexto está desarrollando una estrategia “que pretende develar y comprobar desde el contexto y el proceso penal, la sistematicidad y la generalidad de las acciones cometidas en contra de la Unión Patriótica”. En esta misma línea la comunicación indica que “el objetivo de esta estrategia, partiendo de las regiones, permite identificar los actores y sectores que componían el aparato o alianza criminal, determinar las trayectorias, identificar patrones, modus operandi y máximos responsables.

Para ello, se identifican y caracterizan micro situaciones en cada región y departamento (empezando por Meta, Urabá y Antioquia), a las cuales, deben asociárseles procesos”. Varios de los casos asumidos por esta Unidad, son representados judicialmente por la Corporación Reiniciar, circunstancia que permite seguir directamente la implementación de esta nueva política así como contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. El avance en estas iniciativas de la Fiscalía General de la Nación nos permitirá contar con elementos judiciales que nos coadyuven la formulación de una Comisión de la Verdad que permita anunciar públicamente que en el genocidio de la UP se encuentran comprometidas muchas más personas de diversos niveles dentro del Estado y la sociedad. Protección de las víctimas y sobrevivientes La estructura y aspectos que ocupan la protección de los miembros y sobrevivientes de la UP y del Partido Comunista están sustentados en la perspectiva del restablecimiento de condiciones dirigidas a la continuidad de las actividades políticas de dichos partidos y no solo a la consideración individual de la situación que se presente. Esta perspectiva dista del enfoque de los demás programas de protección, los cuales se restringen a la minimización del riesgo personal. Así, el Decreto 978 de 2000 mediante el cual se creó el Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, definió su objeto como el espacio para “atender los requerimientos de protección hechos por aquellas personas que, por razones de su vinculación ideológica o partidista con una de tales agrupaciones políticas, se encuentren amenazados contra su vida, integridad personal o seguridad”, (artículo primero). El Programa Especial de Protección Integral fue complementado y fortalecido mediante el Decreto 2958 de 2010.

En este decreto se hace referencia especial a las obligaciones del Estado en virtud de la Constitución Politica y del trámite del caso de la UP ante la CIDH y, en relación con la necesidad de brindar protección, indica: Que frente a la situación descrita corresponde al Estado adoptar medidas que conduzcan seria y efectivamente a hacer cesar la situación de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en que puedan encontrarse los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Que en desarrollo de lo anterior, se creó el Programa Especial de Protección Integral para los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano mediante el Decreto 978 de 2000 y en vigencia del mismo, se ha avanzado en el reconocimiento y atención de situaciones concretas de riesgo de los mismos que han permitido implementar medidas de protección que es necesario ampliar para garantizar el acceso transparente y adecuado a la protección ofrecida. Tras las reformas institucionales (creación de la Unidad Nacional de Protección, entre otras) y la modificación de la normativa relativa a los programas de protección (Decreto 4912 de 2011), el Programa Especial de Protección Integral para la UP, si bien se mantuvo, perdió su especificidad y particularidad por lo que la Corporación Reiniciar debió iniciar un nuevo proceso de interlocución con el alto gobierno a fin de restablecerlo. Fue así como en enero de 2012 preparó el primer borrador del decreto e inició el diálogo y concertación con entidades como la UNP, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, la Unidad de Victimas, entre otras encargadas de ejecutar las medidas de atención, asistencia y protección.

Así fue expedido el Decreto 2096 del 11 de octubre de 2012, en el cual se reiteran los fundamentos jurídicos de la existencia del Programa Especial de Protección Integral para los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano y se definen cada uno de los destinatarios de la protección. En este sentido en el artículo 3 se indica: Dirigente: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la representación de los grupos políticos objeto del Programa Especial de Protección Integral (…). Miembro: persona afiliada a los grupos políticos objeto del Programa Especial de Protección Integral (…). Sobreviviente: Persona que pertenece o perteneció al grupo político Unión Patriótica y del Partico Comunista Colombiano y que ha sufrido un daño [con ocasión de su actividad proselitista en dichos partidos]. En este Decreto también se incluyeron a propuesta de la Corporación Reiniciar medidas que tienen una perspectiva de beneficios sociales que mitiguen el impacto de la persecución en las víctimas y sobrevivientes en cuanto a enfrentar situaciones de pobreza y afectaciones de la salud física y emocional. En este momento el Ministerio de Salud está atendiendo en el marco del programa de protección, a 26 familias victimas de atentado personal. El enfoque que se ha exigido al Programa de Protección de la UP y el PCC ha permitido identificar las necesidades de las víctimas en perspectiva de la determinación de los aspectos que deberán incluirse en una reparación integral. Finalmente, en el marco de los aspectos tratados con el Gobierno en materia de protección, hemos incluido la atención psicosocial a las víctimas y dentro de ella, hemos programado y desarrollado talleres de formación en derechos y de fortalecimiento de las víctimas, familiares y sobrevivientes de la UP durante más de diez años. Organización de las víctimas El trabajo psicosocial desarrollado en el marco de la protección exigida al Estado, ha permitido tomar contacto, conocer y reconocer a muchas víctimas y familiares que desconocíamos y que a través de la organización de las víctimas y sobrevivientes en las regiones nos permitieron entregar a la CIDH información mucho más específica sobre el listado de víctimas del caso.

Ese proceso ha demando tiempo, porque nos encontramos aún en medio de la persecución y la intimidación y sobre todo de la desconfianza e iniciativas de división, rumores y deslegitimación. La búsqueda de las víctimas la empezamos en 2002 (a los seis meses en que se creó el programa de protección) y solo tres (3) años después, logramos conformar la Coordinación Nacional de Víctimas (2005). Hoy se encuentran constituidas coordinaciones de víctimas en 17 departamentos del país y 7 en Bogotá que representan ese mismo número de regiones. La organización de las víctimas sin duda ha permitido el fortalecimiento de nuestros reclamos, pero también la construcción colectiva de iniciativas y propuestas que nos permiten hoy entender lo que significa la justicia y la reparación integral en el caso del Genocidio de la UP De dicho proceso organizativo destacamos entonces los siguientes logros: Realización de cerca de 300 talleres de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, derechos de las víctimas, oferta institucional del Estado en materia de asistencia, atención, reparación y protección a las víctimas, mecanismos de protección y exigibilidad de los derechos. Realización de un número similar de talleres de atención psicosocial a las víctimas del caso, lo que ha contribuido a la reconstrucción parcial del tejido familiar, comunitario, territorial y partidario, a la recuperación emocional, así como a la identificación de perfiles de daño y a la formulación de propuestas de reparación integral. Lo observado en los talleres ha posibilitado también la preparación de documentos especializados con destino a la Honorable Corte Constitucional y al Tribunal de Justicia y Paz, ilustrando sobre las particularidades y requerimientos de los procesos de atención y reparación a las víctimas en general y en particular a las del genocidio contra la UP. Varios de los talleres anteriores se han realizado con enfoques diferenciales específicos: mujeres, jóvenes, daño político, actividades lúdicas y culturales, entre otros.

Establecimiento del 11 de octubre como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la UP, alcanzando en el 2013 la octava jornada conmemorativa. Preparación y presentación a través del entonces Representante Wilson Borja, del proyecto de ley de institucionalización del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la UP y establecimiento de otras medidas de reparación simbólica para la UP, proyecto que aunque archivado en dicha Cámara, se mantiene como una importante propuesta de reparación. Etapa de fondo (2006 – Actualmente) Concluido el trámite de la búsqueda de una solución amistosa, la CIDH dio traslado a los representantes de las víctimas para presentar los alegatos de fondo (hechos, violaciones, responsabilidad internacional del estado). En marzo de 2007, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas presentamos las alegaciones de fondo sobre el caso. El Gobierno tardó casi un año para presentar sus observaciones. Los alegatos del Estado se recibieron en enero de 2008. Sin embargo, durante el trámite de esta etapa y en el marco de las facultades que ofrece el Reglamento de la CIDH, se practicaron varias pruebas que apoyaron la demostración de los argumentos presentados en 2007. Se ofrecieron y recibieron en audiencia pública ante la CIDH los testimonios de Ana Carlina Bohórquez (Marzo 6 de 2007), Aída Yolanda Avella Esquivel (del 10 de Octubre de 2007) y Andrés Pérez Berrío (Octubre 23 de 2008).

Durante este período la Corporación Reiniciar ha presentado también a la CIDH, otras que refuerzan los argumentos iniciales para que se emita una decisión sobre el caso: Octubre de 2009, diciembre de 2010, y en febrero y octubre de 2013. En relación con la individualización e identificación de las víctimas ante la CIDH, en este momento se ha presentado a la CIDH un universo de 6528 víctimas identificadas para el periodo 1984 – 2006, de las cuales 3136 corresponden a homicidios, 514 desapariciones forzadas, 290 tentativas de homicidio, 130 casos de tortura, tres hechos de violencia sexual contra mujeres, 501 amenazas, 1601 desplazamientos forzados, 234 detenciones arbitrarias y 129 judicializaciones infundadas. A todas ellas, es decir a 6.528 personas les han infringido sus derechos políticos en tanto las violaciones ocurrieron como expresión de la persecución al grupo político Unión Patriótica. Antioquia, Meta, Santander – Magdalena Medio y Tolima reportan el mayor número de víctimas. Impactos de la reclamación de justicia por el Genocidio de la Unión Patriótica La visibilización y reclamación permanente de lo ocurrido a la UP ha generado cambios importantes en la vida jurídica, social, política del país. En ese sentido destacamos las manifestaciones dirigidas a que se reconozca social, jurídica y políticamente, que en Colombia se cometió un genocidio por razones políticas, pese a que internacionalmente no se contemplan los motivos políticos como elemento del genocidio. El reconocimiento jurídico del genocidio por razones políticas: Al presentar el caso ante la CIDH, la Corporación Reiniciar argumentó la desprotección y falta de garantías para las víctimas de la UP, porque no existía en Colombia el delito de Genocidio que permitiera hacer una investigación apropiada. Sobre este argumento, el Informe de Admisibilidad consignó: 58. En primer lugar, los peticionarios aseveran que no existen recursos adecuados de jurisdicción interna porque en la legislación colombiana no se establece el delito de genocidio y argumentan que no existe un recurso interno para ese delito que, según alegan, constituye el objeto de este caso.

Uno de los fundamentos que motivaron la tipificación, en el código penal, del delito de genocidio por razones políticas en 2000, tuvo su fuente histórica en lo sucedido a la UP. A este respecto la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá expresamente reconoció que: El legislador colombiano (…) después de un largo proceso de cabildeo parlamentario, realizado por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica, incluyó en la Ley 589 de 2000 la figura de genocidio por móviles políticos. Asimismo se incluyó el genocidio por razones políticas como una falta gravísima en el código disciplinario (Ley 734 de 2002). La sustentación de esta inclusión fue justamente lo sucedido a la UP. En la exposición de motivos se refirió: Se agregaron los grupos políticos y los sociales, que no forman parte del texto de los instrumentos internacionales citados. Se consideró necesario incluir estas dos categorías, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el derecho internacional de los derechos humanos es un sistema normativo que brinda una protección mínima que puede ser ampliada por los Estados. Es decir, no hay ningún obstáculo jurídico para proteger otros grupos con la consagración del genocidio como falta disciplinaria gravísima. Además, en nuestro país los grupos políticos y sociales, más que las otras categorías protegidas (raciales, étnicos, religiosos), han sido objeto de ataques continuados que tienden a su destrucción, como el caso de la Unión Patriótica, los ataques contra defensores de derechos humanos o las mal llamadas brigadas de limpieza social; al punto que se podría afirmar que, dadas las características de la situación colombiana, la consagración del genocidio como falta disciplinaria o como delito, se justifica en la medida en que los grupos sociales y políticos sean incluidos. (Gaceta del Congreso No. 29 del 27 de julio de 2000). El reconocimiento judicial del genocidio contra la UP: En segundo lugar, de nuevo, la denuncia permanente, la movilización, la utilización de escenarios internacionales de reclamación, obligó la inclusión en el debate público de lo sucedido a la UP y la emisión de varias decisiones judiciales que han tomado como argumento decisivo en la determinación de responsabilidades individuales y estatales, el contexto de la persecución sistemática y notoria contra quienes hicieron parte del proyecto político de la UP en razón de su pertenencia a este partido político.

Es decir, han reconocido y asumido nuestro argumento de las razones sobre lo sucedido a la UP Decisiones en la jurisdicción contencioso administrativa que declaran la responsabilidad del Estado (1997 – 2009) Posterior a que se produjera el Informe de Admisibilidad en la CIDH, varias autoridades judiciales en casos de víctimas de la UP, reconocieron que los casos se encontraban dentro del contexto de una persecución sistemática de conocimiento público en contra de quienes hacían parte de este partido político y que la razón de la muerte de las personas estuvo motivada en su pertenencia a este partido político: Caso JAIME PARDO LEAL, Expediente 10.958, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ricardo Hoyos Duque, 30 de Octubre de 1997. Caso CARLOS ALBERTO CARVAJAL CHACON, Expediente 8725, Consejo de Estado – Sección Tercera, M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque, 5 de Marzo de 1998. Caso CARLOS JULIAN VÉLEZ, Expediente 4205, Tribunal Administrativo del Meta, M.P. Dra. Teresa Herrera Andrade, 31 de Octubre de 2000. Caso PEDRO MALAGON, Expediente 0076, Tribunal Administrativo del Meta; M.P. Dr. Eduardo Salinas Escobar, 25 de febrero de 2003. Caso JAMES RICARDO BARRERO, Tribunal Administrativo del Meta, Expediente No. 2001-40031900, M.P. Eduardo Salinas Escobar, Diciembre 5 de 2006. Caso JOSE MILLER CHACON PENA, señaló, Expedientes 15.985, Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, 3 de octubre de 2007. Caso MANUEL CEPEDA VARGAS, Expediente 12680, Consejo de Estado, Sección Tercera; M.P. Ruth Stella Correa Palacios, 10 de diciembre de 2008. Caso JULIO SERRANO PATIÑO, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 16836, 1 de abril de 2009. Otras decisiones a destacar corresponden a los casos de Julio Alfonso Poveda, William Ocampo, José Rodrigo García y Evaristo Amaya. Decisiones en la jurisdicción penal. Corte Suprema de Justicia, “Masacre de Segovia”, sentencia del 15 de mayo de 2013 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de la investigación tramitada por la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, en contra del entonces Representante a la Cámara, César Pérez García, por el concurso de delitos de homicidios, lesiones personales y concierto para delinquir. César Pérez García representaba uno de los políticos tradicionales de Antioquia. La Corte, en sus consideraciones relaciona los hechos de la masacre con la finalidad perseguida por el líder político tradicional, de “consolidar a como fuera su hegemonía política, cuestión sin duda en la que influyó o de la que se valió el procesado, la función oficial desempeñada en ese momento”. En la misma decisión, la Corte, enmarca los delitos calificados jurídicamente como homicidios, lesiones personales y concierto para delinquir, dentro de un contexto específico cual fue la sistematicidad de ataques dirigidos contra el grupo político Unión Patriótica, en donde la masacre fue “un episodio más de un conjunto de acciones que llevaron incluso al asilo a muchos dirigentes con el fin de salvar sus vidas”. La Corte Suprema de Justicia también llama la atención sobre la dinámica política en la cual tuvo lugar la masacre, al destacar: El municipio de Segovia, recuérdese, hace parte del nordeste antioqueño, una zona convulsionada social y políticamente por la presencia de múltiples actores armados ilegales de las más variadas tendencias; al punto que, precisamente en 1988, y aún antes, como consecuencia de tantos proceso políticos fallidos, las agudas contradicciones dejaron en evidencia la intemperancia de grupos de ultraderecha frente a partidos que al decir de unos, tenían respaldo de organizaciones subversivas y que en nombre de la Unión Patriótica irrumpieron en el escenario político para entonces dominado, según había sido la tradición, por dos partidos proverbiales. (…) En ese escenario político y pese a la estigmatización del grupo como un partido vinculado con organizaciones ilegales de izquierda, la Unión Patriótica logró en la primera elección popular de alcaldes en 1988, elegir a Rita Ivonne Tobón Areiza y a siete de los trece concejales, y romper con la hegemonía del partido liberal que CÉSAR PÉREZ GARCÍA dirigió por años con inocultables réditos políticos, hecho impensable en el concierto de una práctica que por buen tiempo le había negado a fuerzas distintas a las convencionales la posibilidad de acceder al gobierno local. (…) Por consiguiente, el manifiesto [se refiere al panfleto de "Muerte a revolucionarios del Nordeste”] permite entender –y esa es una faceta de su gran utilidad- el contexto social, histórico y político en que se produce la matanza del 11 de noviembre de 1988 en Segovia y comprender las siempre inexplicables connotaciones de un hecho que surge de personajes que desde la ultraderecha con el apoyo de agentes estatales, no estaban dispuestos a ceder espacios a una organización que, desde su particular punto de vista, tenía afinidades políticas con organizaciones o grupos al margen de la ley”. De manera que la llamada “Masacre de Segovia” (…), sucede en un marco conflictivo, es decir, en medio de un conjunto de circunstancias propiciadas por grupos paramilitares o escuadrones de la muerte e incluso por actores institucionales del más diverso orden. En este sentido, se ha indicado, la justicia probó la vinculación de orgánicos del ejército en la acción de Segovia y estancias de mercenarios en el Batallón Bomboná (…). (…) la consideración política e histórica del hecho permite aseverar que los beneficiarios estaban vinculados con la política local, debido a que los réditos del crimen favorecían a un sector tradicional con fuerte influencia en esa región, y de otra, que la acción se dirigía contra la Unión Patriótica, movimiento al cual habían adherido antiguos militantes del partido liberal por el incumplimiento proverbial de las fuerzas tradicionales a sus aspiraciones. (…) También las casa de personas previamente seleccionadas como la de la familia Restrepo Cadavid, con lo cual se demuestra definitivamente que fue una acción contra un grupo de personas unidas por afinidades políticas distintas a la que era en ese entonces la “oficial”. (…) También es evidente con fundamento en la prueba analizada, que este grupo armado ilegal tuvo una existencia prolongada en el tiempo e hizo parte de una conspiración mayor que propició acciones de exterminio contra ciudadanos y miembros de la Unión Patriótica que no compartían sus prácticas y políticas excluyentes. Asimismo, la Sala concluye que la acción del grupo armado ilegal, apreciada en un contexto histórico y social signado por la desaparición y muerte de ciudadanos pertenecientes a determinadas corrientes ideológicas, se constituye en un acto más de un conjunto de acciones idénticas que denotan la sistematicidad y generalidad del ataque, características de las graves violaciones de los derechos humanos. (…) involucra un conjunto de acciones de las cuales fueron víctimas, en todo el territorio nacional, personas vinculadas con la Unión Patriótica; circunstancia, sin duda, que propició el empleo de un aparato armado mediante la inducción de su principal cabecilla para la realización de ese específico acto. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, genocidio político contra la UP, decisión de legalización de cargos contra el paramilitar alias HH, 30 de octubre de 2012 El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en el marco de la competencia conferida por la Ley 975 de 2005, emitió pronunciamiento de legalización de cargos al comandante paramilitar Hebert Veloza García (alías H.H.), en donde se describen y analizan los hechos ejecutados por este grupo armado contra integrantes de la Unión Patriótica en la región de Urabá. Esta decisión se produjo el 31 de octubre de 2012. año después, el 30 de octubre de 2013, el mismo tribunal profirió en el mismo sentido, la sentencia contra dicho paramilitar.

El Tribunal, con base en las evidencias y elementos de prueba disponibles y las mismas confesiones del paramilitar desmovilizado, parte señalando que: (…) la Sala no desconoce que los hechos criminales contra éste partido político se cometieron en todo el país y que los perpetradores de los crímenes provienen de distintos grupos, entre los más destacados los paramilitares o de autodefensa, teniendo en cuenta que también agentes estatales estarían involucrados en estos, entre otros. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- recopiló información que da cuenta de que agentes estatales, principalmente del Ejército y la policía, son los perpetradores que ocupan el segundo lugar entre los responsables de la violencia contra la Unión Patriótica. (…) La Sala observa que durante 1987 y 1993 numerosos funcionarios públicos afirmaron públicamente que la UP y el PCC tenían un vínculo directo con las FARC, lo que pudo estimular situaciones de intransigencia, animosidad y rivalidad hacia los miembros, simpatizantes y representantes de aquellos partidos. De hecho, el Tribunal destaca el ambiente adverso por parte de diversos sectores oficiales y de poder político y económico del país, en el cual tuvo lugar el desarrollo de las negociaciones de paz del Presidente de la República. En este sentido, se valora: (…) El Gobierno Nacional del Presidente Belisario Betancur (1982-1986) impulsó un proceso de paz y apertura democrática (…). Se trató de un nuevo camino en la búsqueda de la pacificación del país que no contaba con respaldo de algunos sectores del bipartidismo, del Ejército, del gremio ganadero y del sector agrario. Por ello, numerosos estudios académicos consideran que “(…) el proceso de paz chocó desde el comienzo con `enemigos de paz´ agazapados en todos los rincones del Estado”. Las Fuerzas Militares argumentaron que tal proceso se convertía para ellas en un instrumento de intromisión del poder civil en su tradicional autonomía para la conducción del orden público. El análisis del Tribunal describe y reconoce que la participación de la UP en el debate democrático, con el alto grado de respaldo popular obtenido, a partir del cual se constituyó en una alternativa real de poder, transformó el orden político del país. Vinculado a este hecho objetivamente verificable, el Tribunal refiere la persecución en contra de los miembros de este movimiento político, dado que las violaciones se incrementaban en momentos de debate electoral. Así se refiere en la decisión: (…) Los resultados de las elecciones presidenciales de 1986 fueron favorables a la Unión Patriótica, por tanto, iniciaron un cambio en el orden del poder local en Urabá.

Tal favorabilidad política aumentó en 1988 con la primera elección popular de alcaldes, pues la Unión Patriótica obtuvo un resultado importante que confirmó así su ventaja política en numerosas regiones del país; en la región de Urabá, ganó las alcaldías de Apartadó y Mutatá. Con la institucionalización de la elección popular de Alcaldes cambió el mapa político en Colombia; la región de Urabá pasó de ser un fortín tradicional del partido liberal a ser una fuerza electoral de los partidos de izquierda. La disputa por el poder político local se convirtió en una polarización violenta en la que proporcionalmente las violaciones de derechos humanos aumentaron con el mayor apoyo electoral a la Unión Patriótica. (…) En este orden de ideas, está claro para el Tribunal que frente a los casos en los cuales se cometieron acciones criminales en contra de los miembros o simpatizantes de la Unión Patriótica es deber del Estado, constitucional, legal proveer lo necesario para ofrecer a las víctimas garantías en torno a la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; especialmente en un fenómeno que significó el exterminio de una fuerza política que llegó a constituirse en la tercera del país en los comicios electorales de 1988, y que a mediados de la década de los noventa se encontraba gravemente disminuida, casi hasta su desaparición, lo que en últimas significó que quienes realizaron tal ataque contra la agrupación política UP, afectaron de manera grave el régimen político y democrático colombiano; y por ende, para la Sala, situaciones como la descrita no deben repetirse jamás en el país. Consejo de Estado: Restitución de la Personería Jurídica a la UP, decisión del 4 de julio de 2013: El Consejo de Estado, en la decisión sobre la nulidad de las decisiones que retiraron la personería jurídica en 2002 a la Unión Patriótica, en un contexto político, jurídico y coyuntural diferente a aquel en que el presidente de la UP impugnó las decisiones del Consejo Nacional Electoral, admitió que no existían razones jurídicas ni fácticas que justificaran esa decisión. El Consejo de Estado expresa su reconocimiento en torno a que “los integrantes del partido Unión Patriótica fueron víctimas de persecución por razones políticas acaecidas en el país, cuando manos desconocidas decidieron exterminar a sus militantes y afiliados con el claro propósito de deshacer el partido a fin de impedirle su participación democrática en la gobernabilidad del país. Así, se trató entonces de un verdadero atentado contra el pluralismo y la democracia”. Asimismo, reconoce que la sistemática persecución y eliminación de los dirigentes de la UP fue un argumento expresado por el presidente la UP al momento de sustentar el recurso de reposición, como sustento de la fuerza mayor, pero que no fue atendido por el Consejo Nacional Electoral. Y, finalmente remarca que “Definir si mantenía o no la personería jurídica la UP, constituía una decisión de especial trascendencia social, política e histórica, al tratarse del Partido Político surgido a la vida nacional como resultado de la política de paz implementada por el gobierno nacional, y cuando en su nacimiento confluyeron voluntades heterogéneas y pluralistas, y que nació con el reconocimiento nacional y con el respaldo y la aquiescencia de la comunidad tanto local como internacional, en la connotación de constituir una apertura democrática de un ámbito directo de participación política a las minorías y a la oposición”.

Construcción de una propuesta de reparación integral para el caso de la UP En el curso del trabajo de organización y fortalecimiento de las víctimas y sobrevivientes de la UP desarrollado durante más de diez años, como antes se describió, se han llevado a cabo talleres con dirigentes políticos, familiares, mujeres, indígenas, población afrodescendientes y jóvenes, reconociendo cuáles son los elementos que deben constituir una propuesta de reparación integral para las víctimas de la UP. En estas actividades se ha reconocido que la reparación integral implica de manera central la justicia. Conforme al carácter del caso de la UP que consiste en un conjunto de casos individuales ocurridos en razón de la militancia en la UP, las reparaciones deben corresponder a los daños causados y concretarse en un conjunto de medidas para el grupo político y otro para las victimas individualmente consideradas. Respecto de la reparación para el grupo político, en los diferentes encuentros las víctimas han expresado la necesidad de obtener una reparación que considere que con el genocidio la fuerza política de la UP fue diluida. En la sangrienta guerra contra la UP fueron asesinados dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, setenta concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y centenares de militantes de base, sin que ninguna institución del Estado lo impidiera, ni actuara eficazmente para esclarecer los crímenes y sancionar a los responsables. Las organizaciones y personas que confluyeron en la UP fueron perseguidas, señaladas y pagaron una alta cuota de sacrificio al constituirse la UP en una opción de poder político que pretendió ampliar y fortalecer el espacio de la oposición en Colombia.

En consecuencia, parte del daño causado ha sido la desaparición en la práctica del movimiento político, que se refleja en la pérdida de la personería jurídica, y, tras la restitucion de la personería jurídica, la falta de condiciones y garantías para volver al escenario político, luego de haber sido el primer movimiento de oposición en la historia de Colombia en alcanzar altos niveles de respaldo electoral. Frente a ese daño las víctimas han propuesto, entre otras medidas: Primero, la verdad y la difusión pública de los hechos: Reconstrucción de la memoria y difusión de los hechos. Reconocimiento, por parte del Estado, de su responsabilidad en el genocidio. Además del esclarecimiento de los crímenes en sí mismos, implica a su vez que se reconozca que muchos agentes estatales, en consuno con los paramilitares y algunas élites políticas, se dedicaron a perseguir y exterminar a líderes políticos, sociales y cívicos de oposición y que, como consecuencia de sus acciones, el movimiento político fue aniquilado. Se propone la creación de espacios regionales en la T.V, radio, etc. para transmitir la experiencia del genocidio contra la UP y enviar un mensaje a la sociedad para que reproche y condene esos actos, a fin de que no se repitan. Individualización de los responsables de los hechos, y de sus autores materiales e intelectuales. Restitución del buen nombre y de la dignidad por los medios de comunicación local, municipal y nacional: Que no se siga justificando el genocidio y, por el contrario, se aclare la verdad sobre la historia de las víctimas y sus ideales.

Esto va precedido por reconocer y difundir el origen de la Unión Patriótica, así como el incumplimiento del Estado en el acuerdo que motivó su creación. Restitución de los derechos políticos del movimiento y de sus integrantes: La primera demanda ha sido la restitución de la personería jurídica y garantías efectivas para gozar de las prerrogativas inherentes a dicho estatus. Restitución de curules en el Congreso y demás cuerpos colegiados, así como de las administraciones municipales donde la UP fue gobierno y de los demás cargos públicos. Construcción de una sede para la UP. En general, que se realicen las garantías en el derecho a ejercer el poder político. Medidas de reparación simbólica: Solicitud pública de disculpas con amplia difusión en los medios de comunicación. Oficialización del Día Nacional por la dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la UP. Creación de la Cátedra UP en colegios y universidades, referida al ejercicio de la democracia y los derechos políticos. Creación de un centro de rehabilitación psicológico y físico Bernardo Jaramillo Ossa, construcción de monumentos en memoria de las víctimas de la UP en los parques centrales de los municipios en los que tuvo presencia. Garantías de no repetición: Disolución de los grupos paramilitares. Derogación de las normas de impunidad. Vinculación de la sociedad civil para el seguimiento del proceso de la restitución ética y moral. Destitución de los responsables del genocidio de los cargos públicos, además de cumplir la sanción apropiada al grado del crimen que hayan cometido y del daño que hayan causado. Propuestas de reparación para los sobrevivientes y familiares: Las victimas insisten en la restitucion del buen nombre y la dignidad de sus familiares, pues durante décadas el Estado ha justificado el genocidio bajo la común excusa de que la UP “combinaba las formas de lucha”.

También han expresado con insistencia que ninguna reparación compensará el daño causado y que lo más cercano a esta tiene que ver con la realización del derecho a tener una vida digna. Esta petición puede concretarse en beneficios sociales con perspectiva de reparación, es decir en medidas efectivas que contrarresten el empobrecimiento y la falta de oportunidades producto de la persecución, entre ellas, vivienda (no solo subsidios ni acceso preferencial), educación (becas, en cualquier institución del país), atención integral en salud (física, mental, con tratamientos, cirugías, rehabilitación y prótesis, si se requieren, y no solo acceso al SISBEN o inscripción en una EPS), programas especiales de recreación y deportes, oportunidades de empleo, pensión de vejez y discapacidad. Como puede observarse -y a diferencia de una opinión muy difundida- las víctimas no tienen como primera expectativa la compensación económica, por el contrario, la demanda generalizada de las víctimas es por el derecho a saber. En esa medida un programa de reparación para este caso debe tener como primera finalidad el reconocimiento de las víctimas, como seres humanos irremplazables e insustituibles. Conforme a lo expuesto, este V Congreso debe destacar la reparación integral como una bandera central del programa político de la UP. No se puede edificar nada sobre la impunidad. Es indispensable que se conozcan no solamente quienes ejecutaron las violaciones, se requiere también que se sepa a quién benefició el exterminio de la UP. En consecuencia, es necesario reconocer la necesidad de enfrentar la actitud del gobierno de negar las víctimas y por ello este Congreso debe apoyar y respaldar la campaña “sin justicia para las víctimas de la UP no puede haber paz”. Finalmente, es importante señalar que apoyamos una salida negociada al conflicto armado, no debe olvidarse que la UP viene de un intento de esta naturaleza. Jahel Quiroga Carrillo - Directora Bogotá, Noviembre de 2013.

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