En acto público en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, este jueves 15 de diciembre, fue registrado el movimiento ciudadano “Voces de Paz y Reconciliación”, el cual actuará como mediador y veedor del tránsito de la guerrilla de las FARC como organización armada a la constitución como  movimiento político y en la implementación de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación de La Habana.

Dicho movimiento se integra por diversos sectores de la sociedad colombiana, en donde se destacan comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, así mismo, intelectuales, miembros de la comunidad lgbti, estudiantes, personalidades políticas, entre otros.

Por ocho votos contra uno, el tribunal constitucional le dio el sí a ese mecanismo, que permite una vía rápida en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para implementar el nuevo acuerdo de paz con las Farc.

Según la sentencia, el Congreso deberá ratificar si la refrendación que hizo hace dos semanas de los acuerdos es suficiente, caso en el cual el 'fast track' entrará a regir plenamente.

La Corte dice que la refrendación "puede concluir en virtud de una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática (Congreso), sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participación ciudadana para la revisión específica de aspectos concretos ulteriores (mecanismos de participación ciudadana en la implementación del Acuerdo Final)".

Desde las 9:00 a.m. de este viernes 9 de diciembre y hasta el sábado 10, sobrevivientes y familiares de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica en los departamentos del Meta y el Guaviare realizarán una simulación de Comisión de la Verdad.

La jornada, que es organizada por la Corporación Reiniciar y la Coordinación de Víctimas y Familiares del Genocidio Contra la Unión Patriótica, se realizará en el auditorio de la Gobernación del Meta.

Durante estos dos días un grupo de familiares de víctimas del genocidio en el Meta y en el Guaviare brindarán su testimonio real de la persecución y el ataque sistemático que sufrieron los integrantes de este movimiento político en esas regiones.

En Panamá se realizó reunión de la Coalición de Organizaciones de las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la jornada, que inició este jueves primero de diciembre y que culmina mañana, estuvo presente la directora de la Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga Carrillo, y la también abogada defensora de derechos humanos de la organización, Luz Marina Monzón.

En las audiencias realizadas durante estas jornadas los temas tratados fueron, entre otros, derecho a la salud, tortura, violencia institucional e impunidad en las Américas, educación en derechos humanos, situación de derechos humanos en Perú, México, Paraguay, Argentina, Guatemala, Venezuela y República Dominicana, derechos humanos y proceso de paz en Colombia, perspectiva de género en el contexto de paz y situación de los derechos de los migrantes en Nicaragua.

En 1994 el entonces alcalde de Apartadó (Antioquia) Nelson Campo Núñez fue capturado. En su contra existía una investigación por su presunta participación en los hechos que rodearon la masacre de ‘La Chinita’ registrada en el Urabá antioqueño el 23 de enero de ese mismo año.

En la acción ejecutada por las Farc fueron asesinadas 35 personas y otro centenar tuvo que salir de la zona por miedo. Pocos meses después de la masacre el mandatario fue acusado por los delitos de rebelión y homicidio agravado. Esto porque según un grupo de testigos tenía nexos con el grupo guerrillero.

En octubre de 1998, al resolver un recurso de apelación, el Tribunal Nacional aumentó de 12 a 50 años de prisión la condena contra el exmandatario al considerar que además de demostrar su participación en el delito de rebelión también debería ser sentenciado con el cargo de homicidio múltiple agravado. 

En cinco días empezará el desplazamiento de la guerrilla hacia las zonas transitorias veredales, donde se concentrarán todos sus miembros durante los próximos 180 días. El lunes, a más tardar, el Gobierno radicará en el Congreso proyecto de ley sobre amnistía e indulto.

Tratándose de un proceso tan complejo, es casi inevitable que se presenten desencuentros entre las posiciones del Gobierno y de las Farc. Sucedió durante toda la fase de negociaciones en La Habana (Cuba) y ocurrió ayer, después de que el Congreso de la República, por abrumadora mayoría, refrendara el nuevo Acuerdo Final de Paz firmado el 24 de noviembre. (Lea: Farc y Gobierno confirman que este jueves empezó el Día D, esto es lo que sigue)

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.

Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios  se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.

Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.

Una vez le pregunté a Jahel Quiroga por qué tanto compromiso con la causa de la Unión Patriótica (UP). La veía siempre elegante, en diversos espacios de la política o la diplomacia -con la idea fija de lograr que ese movimiento, que nació el 28 de mayo de 1985, producto de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur- fuera reivindicado como fuerza política en el marco de la precaria democracia colombiana. A Jahel la ofenden las teorías que han corrido sobre el intento de ligar el extermino a vendettas de mafias o a una supuesta acción política con armas, -la famosa combinación de todas las formas de lucha- como han querido justificar el genocidio muchos políticos en los últimos treinta años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la firma y aprobación del nuevo "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC - EP), de 12 de noviembre de 2016.

La Comisión Interamericana reconoce los esfuerzos del Estado para la renegociación del acuerdo de paz, en atención al pluralismo efectivo necesario en una sociedad democrática. La Comisión ve con beneplácito que, tras tomar en cuenta las propuestas planteadas por los grupos que cuestionaron el acuerdo anterior y llamaron a votar en contra del mismo en el plebiscito del 2 de octubre pasado, Colombia haya llegado a un nuevo acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC-EP.

Con una votación de 130 votos a favor y cero en contra y luego de un debate de casi doce horas, la Cámara de Representantes refrendó el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. (Lea: Barguil propone refrendación adicional, independiente de decisión del Congreso)

Con el resultado de la votación de hoy, más el de ayer en la plenaria del Senado, el Congreso en pleno aprobó el documento que sienta las bases y puntos específicos para la desmovilización y desarme de las Farc y su tránsito hacia partido político.

El Centro Democrático, partido que ha demostrado una férrea oposición a los acuerdos de paz, se retiró de la plenaria en el momento de la votación. “Nos retiramos de la plenaria porque no apoyamos la ilegalidad para refrendar los nuevos acuerdos”, escribió en su cuenta de Twitter el representante Ciro Ramírez.